Autor: Carlos Manuel Téllez
Docente de UCC
En la actualidad, el abordaje de la discapacidad desde una perspectiva del modelo social, comprometido con los derechos humanos, es un atributo que deben tener las instituciones educativas. Las barreras físicas no son las únicas que limitan al estudiantado con discapacidad a gozar de una vida plena dentro de un entorno universitario. Las barreras de tipo ideológicas y actitudinales también marcan profundas heridas al desarrollo pleno de sus capacidades.
Nunca está demás echar una mirada al compromiso social, ético y moral que tienen las universidades en la inclusión de un alumnado con discapacidad, sobre todo, para entender el modelo social de la discapacidad. Las políticas de inclusión y gobernanza que concurren a la aplicación de las mismas, revelan el carácter genuino de su existencia.
Hay que decirlo: el tratamiento de la discapacidad mudó del modelo de caridad al biomédico y este último a un modelo más humano, en otras palabras, hacia los derechos de las personas con discapacidad. Cabe señalar que Michael Oliver es entre los teóricos que defienden el modelo social de la discapacidad, puesto que en sus estudios hacia el acercamiento y profundización de este paradigma, afirmaba que “la discapacidad es el producto de las barreras físicas y actitudinales que la sociedad impone.”
En Nicaragua, los derechos del alumnado con discapacidad se sostiene en un robusto marco legal que lo asiste: desde la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad y la Ley 763: Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, contamos con una Estrategia Nacional de Educación en todas sus Modalidades “Bendiciones y Victorias” 2024-2026, en cuyos ejes, lineamientos y acciones se pondera el fortalecimiento de la educación incluyente, intercultural y con igualdad de género. Todo esto tiene, desde luego, sus antecedentes en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización que marcó un hito en el territorio y que surgió como una iniciativa de la Revolución Popular Sandinista que transfiguró la educación como un paladín de la soberanía.
Ahora cabe preguntarnos: ¿Cuál es el rol institucional que debe perseguir el cumplimiento del eje 9: “Educación Especial Incluyente”, que se propone en la Estrategia Nacional de Educación? ¿En qué medida los docentes podemos contribuir al fortalecimiento de esas acciones educativas para un alumnado con discapacidad? ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que desde la comunidad educativa podemos adquirir para entender las diferencias y cimentar un mundo más humano?
